Solicitan configurar un sistema tributario justo, equitativo y eficiente que permita una mayor cohesión social, sin dejar fuera a colectivos vulnerables
La Administración está inmersa en la elaboración de lo que será el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Un documento que, en la actualidad, se encuentra en fase de audiencia pública. Oportunidad que, el Grupo Social Lares, no quiere desaprovechar para tratar de resolver una problemática que lastra su actividad diaria. La normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que transpone Directivas Europeas, en adelante LIVA), prevé una serie de exenciones en la realización de ciertas actividades, entre las que se encuentra la prestación de servicios de asistencia social (artículo 20.Uno.8º LIVA), siempre que estén prestados por entidades que cumplan con las condiciones para ser consideradas como Establecimientos Privados de Carácter Social (artículo 20.Tres de la citada norma). Esta exención, de obligada aplicación desde el 1 de enero de 2013, conlleva de forma paralela y debido a la configuración del derecho a la deducción prevista en la LIVA, la imposibilidad de deducir las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que nuestras entidades soportan como consecuencia de la realización de sus actividades. Esta imposibilidad de deducir las cuotas soportadas, está provocando que nuestras entidades se vean perjudicadas desde el punto de vista económico ya que se están detrayendo recursos que bien pudieran ser utilizados para una mejora en nuestra actividad principal, como lo es el caso concreto de la tercera edad, que se ha visto especialmente afectado por la pandemia y que requiere de una especial atención tanto por nuestras entidades, como por los poderes públicos que, en no pocas ocasiones, se están haciendo cargo, en virtud de lo previsto en las normas aplicables (entre otras la Ley de Dependencia) del coste económico de su asistencia.
Por ello, “instamos a la modificación del artículo 20.3 de la LIVA que permita una renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido que posibilitaría a nuestras entidades deducir el impuesto soportado, aliviando así nuestros recursos financieros, los cuales podrían ser destinados a una mejora de la calidad asistencial de los colectivos que atendemos y a los que tenemos la obligación de cuidar en las mejores condiciones posibles”, como explica Juan Ignacio Vela, Presidente Nacional de Lares.